Cuestión de prioridades

Era clamorosa la petición de una perentoria reducción de gastos en las administraciones públicas, como desde hace un par de años vienen haciendo las empresas. Como no partía de la propia iniciativa, nuestros mentores exteriores, ante lo que consideraban un peligro de alcance "planetario" (adjetivo que aquí sí es real) para sus propios intereses, nos han obligado a hacerlo. Pero habiendo un amplísimo abanico de opciones se han improvisado, como siempre, algunas muy equivocadas.

Se envían señales peligrosas cuando se habla de suspender la revalorización de las pensiones en 2011. Al excluir las no contributivas y las mínimas de esta decisión y al ser probablemente la inflación del año 2010 muy baja, el ahorro puede ser relativamente pequeño, pero el mensaje es deletéreo. Hasta ahora en el régimen de las pensiones, en las que hay que entrar con determinación, se hablaba del retraso de la edad de jubilación, que nos parece necesario, siempre que sea voluntario y se trate con flexibilidad y del aumento de años cotizados, que parece de justicia, pero nunca de este tipo de revisión a la baja en las pensiones existentes, que comparativamente con Europa tienen una participación muy baja en el PIB y además están injustamente capadas las más altas. Además se actúa contra el procedimiento establecido por el Pacto de Toledo.

Otra señal letal en relación con la considerada cuarta pata del estado de bienestar, la Ley de Dependencia, hito social de estas dos legislaturas, es la supresión para los nuevos solicitantes de la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia al día de la presentación de la solicitud, si bien se establece paralelamente un plazo máximo de resolución de seis meses, fecha desde la que se aplicará la retroactividad. También consideramos que los ahorros pueden ser escasos, ya que las solicitudes para los grados III y II se han producido en su mayoría y los retrasos en las concesiones de prestaciones debidos a dificultades en el rodaje de la ley deberían estar ya corregidos, pero es escandaloso que se admita como natural un plazo de seis meses para la tramitación de las solicitudes.

Por último hace unos años se consideró desmedida la congelación del sueldo de los funcionarios públicos. ¿Qué decir de una rebaja de 5%? Si se hubiera repetido la congelación en estos dos últimos años (con una inflación que durante un tiempo ha sido incluso negativa), no habría hecho falta una medida tan drástica hoy. Pero ¿qué pasa con los empleados en las administraciones públicas que no son funcionarios, muchos con sueldos altísimos? ¿Por qué no se hace como en las empresas, que antes de rebajar salarios se produce una poda del inmenso gasto superfluo que inunda la administración? En estos dos años hemos visto diariamente en los medios de comunicación cómo se tiraba el dinero en proyectos muy discutibles tanto dentro de España, como a nivel internacional (las famosas ayudas al desarrollo, de las que solo se ahorran 600 millones). Simplemente con no haber despilfarrado el dinero en esa forma se habría cubierto con creces los ahorros que se pueden producir con unas medidas discutibles.

Sobre los otros puntos tiempo habrá para volver sobre ellos.