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¿Quién paga los servicios prestados por la Ley de Dependencia?

¿Quién paga los servicios prestados por la Ley de Dependencia?

Estará financiado por el Estado, las comunidades autónomas y los usuarios

Pagamos todos. El sistema nacional de Dependencia lo van a financiar el Estado, las comunidades autónomas y los usuarios, pero no todos pagarán en la misma medida. En el año 2007, el Ejecutivo ha destinado 220 millones de euros adicionales para la financiación del sistema. Además, el Gobierno aportaría a las comunidades hasta 250 € mensuales por persona valorada como gran dependiente.

Hasta 2015, las administraciones públicas tienen previsto destinar al menos 25.000 millones de euros a la puesta en marcha del sistema. De esa cantidad, 12.638 millones serán aportados por el Gobierno central. Las comunidades autónomas contribuirán, al menos, con la misma cantidad.

Estas aportaciones se contemplarán en los presupuestos generales del Estado de cada ejercicio y no supondrán, según el Ejecutivo, una subida de impuestos para el ciudadano.

En 2007
Para 2007, el Ejecutivo, según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, tenía previsto destinar 220 millones al sistema nacional de Dependencia. Las comunidades autónomas tendrían que poner, al menos, la misma cantidad. La distribución del fondo de 220 millones a las diferentes regiones tiene en cuenta criterios como el número de personas mayores y personas con discapacidad de cada comunidad, la estimación de personas grandes dependientes, la superficie o la insularidad. De los 220 millones, 20 se han distribuido según el nivel de renta para compensar a las comunidades con menor riqueza.

Además de este fondo, el Gobierno tenía previsto destinar en 2007 para las comunidades autónomas hasta 250 € mensuales por persona valorada como gran dependiente, en virtud del real decreto que regula el nivel mínimo de protección del sistema de dependencia y que se encuentra ya en vigor. Tal y como establece la Ley de Dependencia, las comunidades autónomas aportarán la misma cantidad que les sea transferida.

En total, teniendo en cuenta el nivel mínimo acordado, el Estado (Gobierno y comunidades autónomas) destinaría en 2007 un máximo de 1.014 € mensuales nuevos por beneficiario con gran dependencia para financiar la Ley.

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