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RESIDENCIA PÚBLICA

Documentación necesaria para solicitar plaza pública en una residencia

Documentación necesaria para solicitar plaza pública en una residencia

Los centros residenciales para acciones de titularidad pública permiten el acceso a determinadas personas. Para optar a una plaza pública hay que presentar una serie de documentos.

Si deseas solicitar una plaza pública en un centro residencial para mayores, es necesario que presentes los siguientes documentos:

  • Solicitud en modelo normalizado, que se puede conseguir en la consejería de Asuntos Sociales de la comunidad autónoma.
  • Fotocopia del DNI o, en su caso, del pasaporte o permiso de residencia.
  • Declaración jurada de ingresos y bienes, en modelo normalizado.
  • Certificado de convivencia de todos los miembros que integran la unidad familiar y de empadronamiento del solicitante, que acredite su residencia en la comunidad autónoma donde realiza la solicitud. En aquellos supuestos en los que el solicitante no viva en el lugar donde pide la plaza, deberán justificarse las circunstancias que pudieran concurrir para motivar la petición de ingreso en un establecimiento residencial.
  • Fotocopia de la declaración del IRPF y, en su caso, del Impuesto sobre el Patrimonio, correspondiente al último ejercicio, o bien certificación negativa de no haberlas efectuado.
  • Certificado de la pensión o pensiones percibidas.
  • Informe médico, en modelo normalizado.
  • Fotocopia de las cartillas o cuentas bancarias en las que aparezca como titular el solicitante y en las que consten reflejados los movimientos bancarios de los seis últimos meses.
  • Certificación relativa al Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústicos y Urbanos expedida por la Gerencia Territorial del Catastro.
  • Informe social, en modelo normalizado, comprensivo de la situación personal y sociofamiliar del solicitante valorando la necesidad social del alojamiento.

En las residencias privadas, se piden, con carácter general, los documentos identificativos del residente, así como todos aquellos informes pertinentes para valorar, de manera adecuada, su estado de salud y sus antecedentes sociales. Además, en el caso de que se trate de una persona incapacitada, los documentos judiciales acreditativos de este hecho y la autorización judicial para el ingreso.

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