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La jubilación y las pensiones a debate

Hemos pedido a los presidentes de tres importantes Asociaciones de Mayores: CEOMA, UDP y FATEC, su punto de vista al respecto. Hemos entrevistado y seguiremos entrevistando también a responsables políticos y sindicales con la esperanza de que con la información de todos consigamos tener las ideas claras.

Entrevista a Mario Cugat i Leseurs

martes, 13 de abril de 2010

Entrevista a Mario Cugat i Leseurs

¿Cuáles son a su juicio los problemas fundamentales que amenazan la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones?
Saldremos de la crisis, todos  en general, empobrecidos con relación a la situación anterior.
Además, costará recuperar el número de cotizantes a la Seguridad Social, por lo que el ratio cotizantes versus jubilados será inferior, con mayor dificultad financiera para la Seguridad Social.

También, el alto número de jubilados que se espera en la década de los 50, alrededor de 16 millones, con un promedio de tiempo percibiendo la pensión de 25 años.

Y las limitaciones en la imposición fiscal, ya que la ciudadanía difícilmente aceptará impuestos destinados, con carácter finalista, a los pensionistas.

Entre el aluvión de propuestas, más o menos sólidas, para asegurar por muchos años la buena salud  del Sistema de Pensiones Contributivo, la idea de prolongar obligatoriamente la edad de jubilación hasta los 67 años ha provocado mucho ruido. De aprobarse, se implantaría de forma paulatina a partir de 2013. ¿Qué  opina sobre estas propuestas, cuál es su opción?
La oferta de puestos de trabajo siempre será menor que la demanda de solicitantes de empleo. Por tanto, el que tiene que salir es el mayor, que dispondrá de una pensión, para dar paso al joven que no tiene salario.
Al final, decidirá  la empresa. Ni leyes ni reglamentos conseguirán atrasar la edad real.
De hecho, hoy ya existe esta posibilidad, con un incremento del 2/3% de la pensión por año trabajado superior a 65 años.

No vemos inconveniente si distinguimos trabajadores de mono azul de los de cuello blanco. Muchos de estos últimos lo aceptarían para mantener más tiempo el salario, siempre superior a la pensión.
Constreñir las prejubilaciones, obligando a la empresa rentable a asumir los costes del seguro de desempleo, etc., ayudaría mucho al retraso efectivo de la edad promedio de salida y a reducir el coste de la Seguridad Social.

Hemos oído que parte de la posible solución a los problemas estaría en la ampliación de la base de 15 años para calcular  el cómputo de las pensiones. ¿Es una buena medida? ¿En qué sentido afectaría a los pensionistas?
Puede no ser una buena salida para la pensión, que se reducirá respecto al último salario, pero no hay otras soluciones mejores.

Aún fastidiará más si se llega a considerar toda la vida de cotizaciones, pero es posible que no haya otro remedio, por lo dicho anteriormente.

Como es previsible que el nivel de salarios en el futuro sea, como promedio, inferior al actual promedio, también las cotizaciones bajarán, y todo ello reducirá los ingresos de la Seguridad Social, lo que refuerza la necesidad de revisar el sistema a medio y largo plazo.

Aumentar el esfuerzo contributivo durante el ciclo laboral, congelar las pensiones o disminuir las expectativas durante el ciclo de jubilación son alternativas al retraso de la edad de jubilación que también se barajan. ¿Qué nos puede comentar acerca de estas posibles medidas?
No podrá ser mucho el incremento en los porcentajes de cotización sobre los salarios, sobre todo para la empresa, que reduciría su competitividad.

Para congelar las pensiones hay que cambiar la ley hecha hace unos doce años y que obliga a la revalorización por el IPC. Y atentaría contra los derechos adquiridos por el pensionista en activo que, de alguna forma, ya tiene un contrato cerrado con el Estado.

Efectivamente, se reducirán las expectativas por cuanto las pensiones, como ya he dicho, serán inferiores a las actuales con relación al último salario.

¿Qué opinión le merecen las prejubilaciones?
Me remito a lo que dije en el último párrafo de la segunda pregunta. En muchos casos, la reducción de puestos de trabajo es imprescindible, y los mayores deben dejar paso, pero hay que regular mejor el uso de las prejubilaciones.  No es justo que el dinero público sirva para mantener altos beneficios de la empresa.

Se ha sugerido la conveniencia de complementar la futura jubilación con un plan privado de pensiones que permita mantener la capacidad adquisitiva… Incluso se ha considerado aplicar incentivos fiscales a los planes privados de pensiones, además de otras ventajas. ¿Cómo valora estas proposiciones?
Como concepto general, se puede decir que será imprescindible para complementar el nivel de vida jubilada deseado.
Pero no todos los asalariados podrán retraer parte del salario para pagar planes de pensiones, pues sus ingresos laborales no se lo permitirán.

Por ello, es necesario establecer una pensión mínima “aceptablemente” suficiente, reduciendo las de mayor nivel para compensar el gasto y que estos altos pensionistas se las apañen con lo privado.

Pero, para que esto funcione, son precisos dos factores: que se cambie el modelo de consumo del sistema “gaste lo que quiera y pague cuando pueda” actual por el concepto del “ahorro constante” según la capacidad de cada uno. Hay que incentivar estos planes de ahorro, no tan sólo desde el punto de vista fiscal. Hay que convencer al ciudadano de su necesidad, de que es imprescindible, y conducirle a la idea de que esa necesidad es algo normal, algo así como que es un valor de ciudadanía.

¿Está de acuerdo en que la reforma del Sistema Público de Pensiones es necesaria?
Si, será imprescindible si se quiere sostener el sistema, aunque sea con reducciones respecto a la realidad actual. Hay que conseguir que siempre, hoy y mañana, como mínimo, haya pensiones públicas suficientes en las menores, aún cuando se precise su complemento privado para las mayores.

Suponemos que en esa reforma se  contemplaría también la subida de las pensiones mínimas, la revisión de las pensiones de viudedad, de invalidez…, la fiscalidad de las pensiones…
Dentro de la línea de que las pensiones menores han de ser “aceptablemente” suficientes, hay que hacer que las mínimas y las de invalidez, al menos, alcancen al IPREM anual; hay que aumentar el porcentaje de la base reguladora del cónyuge como mínimo al 70%, para la viudedad; hay que acercar al IPREM, aun cuando siempre sensiblemente por debajo de las contributivas, las pensiones no contributivas, y hay que actualizar el complemento a mínimos para que, al aumentar la pensión de base, no quede absorbido el aumento en el complemento de mínimos.
Es necesario actualizar anualmente todas las pensiones, los niveles mínimos, complementos a mínimos, etc., según el IPC o mejor al PIB.

Hablar de sustituir el IPC por el PIB es responder a propuestas de la plataforma europea AGE y otras recomendaciones, en la línea de que el pensionista es el que ha creado, a lo largo de su vida laboral, la riqueza del país, por lo que debe aprovecharse de su mejora una vez jubilado.

Con frecuencia y relacionado con estas cuestiones oímos hablar del Pacto de Toledo . ¿Cuál es su cometido?
Hay que distinguir el Pacto de Toledo de la Comisión Parlamentaria para el seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo.

El primero lo constituyen el Gobierno, los sindicatos y la patronal, que se reúne cada quinquenio y que acuerda propuestas y recomendaciones sobre las pensiones presentes y futuras que luego el Gobierno convierte en las normativas necesarias.

La Comisión Parlamentaria es el marco en el que, una vez de haber escuchado a los actores de la sociedad civil y de la AGE hacer en sede parlamentaria sus propuestas, recomendaciones y quejas, la Comisión remite al Pacto su informe no vinculante.

En el III Congreso de Personas Mayores celebrado en Madrid, en mayo de 2009, el Presidente del Gobierno aseguró que el Consejo Estatal de Personas Mayores estaría en las deliberaciones del Pacto de Toledo.
Hay mucha resistencia a que esto se cumpla por parte de los tres integrantes del Pacto, el cual, como todos, puede ser cambiado para que tenga asiento el Consejo Estatal de Mayores, que es el genuino representante de aquellos que quedaran afectados por las decisiones que, sin su participación activa y voto, puedan tomar otros.

En caso de llevarse a cabo algunas reformas de forma inmediata, ¿afectarían a las personas que actualmente están jubiladas?
En ningún caso deben ni pueden afectar a quienes o ya están jubilados, y por tanto tienen un contrato fijo con el Sistema de Pensiones, ni a aquellos que por su ya cercana edad a la jubilación ya no tienen tiempo para resolver su situación o previsión individual.

No debemos olvidar que hay una ley que establece la firmeza de la pensión adjudicada y su actualización anual obligatoria.  

¿Cree Vd. que el previsible aumento del número de jubilados en el futuro únicamente afectará al tema de las pensiones?
No. La demografía nos dice que, inevitablemente, en 2050 habrá un colectivo de jubilados de aproximadamente 16 millones frente a los 7,8 millones actuales, sobre una población estimada en 49-51 millones de ciudadanos.
El problema no solo será de pensiones. Aumentarán las necesidades sanitarias, socio-sanitarias y el consumo farmacéutico; el retraso en la transmisión hereditaria en años y en el número de  transmisores aún vivos impedirá ocupar viviendas a tiempo y aumentarán las necesarias para uso de los hijos; se incrementará la demanda de formación universitaria para mayores, el disfrute del turismo, el uso del transporte público, de hostelería, espectáculos y museos; de vestimenta, alimentos, bebidas…, pensados para mayores, etc., etc.
Será preciso “socializar” a estos jubilados por medio de equipamientos cívicos de ocio, cultura y realización de actividades, para impedir el aburrimiento general y, como consecuencia, la depresión individual y colectiva que afectaría a la salud mental y física, la tensión social y el choque entre generaciones, con todas sus consecuencias.
Será imprescindible “aprovechar socialmente” el valor personal de los mayores para darles salida útil, como prestadores voluntarios de servicios que la sociedad demande y que las administraciones públicas no puedan prestar por motivos diversos, entre ellos presupuestarios.

En resumen, toda la sociedad tiene que aprestarse ya a estudiar, decidir y concertar un nuevo acto Social y Generacional que dé salida global al problema, de forma que se vea a la colectividad de mayores como algo útil y no solo como gasto y estorbo.

De no hacerse, se puede dar un choque social intergeneracional de colosal trascendencia.

¿Cree Vd. que el Estado del bienestar debe sostenerse o entiende que  no se podrá asumir  y, por tanto, habrá que  irlo desmontando?
El sistema económico y social de vida norteamericano de “sálvese el que pueda y el que no, que se fastidie” orilla los valores de solidaridad, no acepta que el que no puede salir adelante, en la inmensa mayoría de los casos, no puede hacerlo, no porque no quiera, sino por carencias genéticas, oportunidades en la vida, familia y entorno, etc., y desprecia el respeto a la dignidad del prójimo y su derecho inalienable a una vida aceptable.
Por el contrario, Europa y España han apostado por un modelo de solidaridad entre ciudadanos, aun cuando ello signifique mayor presión fiscal. No queremos pobres a nuestro alrededor y actuamos en consecuencia.
De manera que, o los ciudadanos de Europa y España aceptan vivir en una sociedad solidaria y de valores o se vuelven inhumanos. Nuestra apuesta es mantener, sin la menor duda y con los esfuerzos y renuncias que sean necesarios, el modelo de vida social actual.

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