Los aspectos legales del Alzheimer

En la vida diaria, puede dejar el gas abierto, equivocarse en la toma de medicación, entregar dinero sin motivo... Por estos motivos, resulta fundamental que la persona enferma cuente con un tutor que administre sus bienes y asuma las responsabilidades de los actos del paciente.

La persona con enfermedad de Alzheimer va a presentar un deterioro en sus capacidades cognitivas que le impedirá decidir correctamente sobre asuntos importantes que le afecten a su persona y a sus bienes. Para ello, es necesario incapacitar al paciente, con el objetivo de protegerle a él y a sus intereses. La incapacidad es la anulación o limitación de la capacidad de obrar de una persona para dar lugar a que actúen las instituciones de protección y asistencia que ofrece el Derecho.

El proceso de incapacitación, recogido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo puede iniciar los familiares. Su tramitación precisa de una declaración judicial de incapacidad, para lo cual es necesario iniciar una demanda mediante abogado y procurador. Y aunque demandar a tu propio padre o madre resulte difícil y plantee problemas éticos, no hay que olvidar que se trata de proteger al enfermo.

Ahora bien, los familiares no deben alarmarse ante este proceso: "es una solicitud que la familia cursa para implantar un sistema de protección especial para el enfermo".

La incapacitación judicial es el único medio que existe para reconocer y declarar la limitación o la inexistencia de la capacidad jurídica y de la capacidad de obrar, siempre que tenga su origen en determinadas enfermedades de tipo físico o psíquico. En la sentencia judicial, se delimita el alcance y grado de la incapacidad, qué actos puede realizar la persona y cuáles deben de ser representados.