La profesionalización de la Dependencia en Castilla y León creó 4.000 empleos en un año

La apuesta de la Junta de Castilla y León por los cuidados profesionales frente a los cuidados en el entorno familiar, tras la reforma de la Dependencia hace ahora una año, ha supuesto la creación o mantenimiento de más de 4.000 empleos en los servicios sociales, situando a Castilla y León a la cabeza en la creación de empleo en este sector. Además, el cambio de modelo garantiza su viabilidad y continuidad, según manifestó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, que hizo un balance del primer año tras el cambio de la Ley por parte del Gobierno de la nación.

Seis de cada diez nuevos beneficiarios optan por servicios profesionales
En su intervención, Marcos defendió la reforma de la Dependencia emprendida por Castilla y León, que desde febrero sigue una «tendencia clara» hacia la profesionalización, después de los cambios acometidos en el sistema para cumplir con la normativa estatal, que da prioridad a los servicios profesionales y considera a los familiares una excepción. Marcos aseguró que en la Comunidad «todas las personas que tienen derecho a una prestación la están recibiendo en tiempo y forma», ya que se facilitan los recursos necesarios para poder comprar un servicio profesional.

Seis de cada diez nuevos beneficiarios optan por servicios profesionales en la Comunidad, mientras hace un año representaban el 44 por 100. Por tanto, los cuidados familiares que se ofrecían al 56 por 100 de los nuevos beneficiarios (altas y cambios de prestación), ahora se otorgan al 39 por 100, lo que supone un descenso de 17 puntos. Este cambio comenzó en febrero, seis meses después del cambio de modelo iniciado el verano pasado.

Esta reforma normativa ha tenido también consecuencias en el empleo de los servicios sociales, pues, como señaló Milagros Marcos, «Castilla y León es la comunidad con más empleos por cada 1.000 habitantes, con 6,1, duplicando la cifra nacional (3,11)». La consejera explicó que en junio de 2012 este valor era en la Comunidad de 4,5, lo que supone que se ha pasado de 11.591 empleos entonces a los 15.509 en junio de 2013.

Por otra parte, Marcos indicó que en Castilla y León se ha conseguido la «plena atención», por lo que la entrada de nuevos usuarios al sistema se irá estabilizando, manteniéndose las cifras estables en los próximos años tras alcanzarse los 62.008 en junio de este año.

Entre junio de 2012 y junio de 2013 se concedieron 17.615 nuevas prestaciones a 15.054 usuarios, alcanzándose la cifra de 55.913 beneficiarios -grandes dependientes, grado II y III-, lo que supera la previsión del Libro Blanco de Dependencia, fijada en 55.000 beneficiarios en 2015 en Castilla y León. Esto supone que la Comunidad ha adelantado en dos años la consecución de estos objetivos.

Viabilidad del sistema
La consejera recordó los ajustes presupuestarios adoptados para cumplir el plan de estabilidad en las cuentas públicas y señaló que el 22 por 100 de las plazas en residencias privadas se encontraban vacantes, por lo que si no se potenciaban los cuidados profesionales el sector tendría que cerrar centros y destruir empleos. Además, indicó que la mayoría de los cuidadores de grandes dependientes eran mujeres del medio rural y con una cierta edad, lo que haría que en un periodo de tiempo no muy largo se convirtieran también en dependientes, complicando la prestación de servicios.

Ante este escenario, Marcos subrayó que la Junta de Castilla y León decidió apostar por la estabilidad de la Dependencia y de la red de servicios sociales de la Comunidad. Para ello, recordó la consejera, se plantearon tres «retos»: garantizar la capacidad económica suficiente para adquirir servicios profesionales; ofertar servicios profesionales alternativos al cuidado familiar en el domicilio; y garantizar que los centros residenciales adecuen su oferta a la demanda, promoviendo un cambio de modelo basado en la atención individualizada y en un ambiente idóneo.

Cambios de cuantías, costes y modelo
La consejera subrayó que la reducción de las ayudas a cuidados familiares, que la Junta incrementó con una rebaja adicional del 15 por 100, se compensó con un aumento de las destinadas a cuidados profesionales con aumentos del 20 y el 74 por 100 respecto a lo fijado en la ley estatal. También recordó el acuerdo para tasar el precio de los servicios residenciales entre los 1.000 y 1.500 euros, a los que según Marcos puede accederse con las prestaciones de la Junta.

Otro de los aspectos que destacó fue la creación de 60 centros multiservicios, que ya cuentan con 366 servicios registrados, que se caracterizan por ser «flexibles» y «más próximos» al usuario (promoción de la autonomía personal, asistente personal, ayuda a domicilio, atención urgente, lavandería, catering, rehabilitación, talleres de memoria o gimnasia). De esta forma, los centros, que tenían un 20 por 100 de las plazas vacantes, pueden ofrecer con su personal estos servicios en el domicilio y en el centro, garantizando su continuidad.

Con todos estos datos, la consejera espera mejorar la financiación que recibe la Junta del Estado, ya que estaba previsto que en las transferencias por dependencia se primara por cada usuario que recibe servicios profesionales, lo que, según sus cálculos, reportaría a las arcas de la Comunidad tres millones de euros.