El duro ajuste a las pensiones anticipadas en 2026

A veces, las decisiones más difíciles son las que garantizan el futuro. Esta semana, el Gobierno español ha vuelto a confirmar que los coeficientes reductores seguirán vigentes para quienes decidan jubilarse antes de la edad legal, incluso si han trabajado y cotizado durante más de cuatro décadas.

Es una noticia que ha generado malestar en muchos sectores, especialmente entre aquellos trabajadores que sienten que han cumplido con creces su parte del trato. Pero detrás de esta medida no hay castigo, hay supervivencia.

La realidad demográfica es contundente: España envejece a un ritmo acelerado, y el sistema de pensiones está al límite.

Una población envejecida, un sistema en tensión

Los números no mienten. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la esperanza de vida en España alcanza ya los 83 años, y se prevé que en 2026 suba hasta los 86. Este dato, que refleja el éxito del sistema de salud y bienestar, es a la vez un enorme reto económico.

A esto se suma una de las tasas de natalidad más bajas de Europa: apenas 1,2 hijos por mujer. El resultado es una pirámide poblacional invertida, donde hay cada vez más pensionistas y menos cotizantes.

Actualmente, por cada persona jubilada hay menos de dos trabajadores activos. Y la proyección es aún más preocupante: en apenas 15 años, ese ratio podría acercarse peligrosamente al 1:1.

Con este panorama, mantener un sistema público de pensiones justo, universal y viable se convierte en un acto de equilibrio constante.

¿Por qué se mantienen los recortes en la jubilación anticipada?

Desde el punto de vista económico, jubilarse antes de la edad legal tiene un impacto importante: el sistema debe pagar más años de pensión a una persona que deja de cotizar antes.

Por eso existen los llamados coeficientes reductores, que ajustan la cuantía de la pensión en función de cuánto antes se solicita la jubilación. A mayor anticipación, mayor es el recorte.

Podemos propuso eliminar estos recortes para quienes tuvieran 40 o más años cotizados, en un intento por hacer justicia con los trabajadores de larga trayectoria. Pero el Gobierno ha rechazado esta propuesta, argumentando que el sistema ya contempla diferentes grados de penalización según el caso.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, fue clara en su intervención ante el Congreso:

"El sistema tiene que sostenerse para hoy, pero también para mañana. Hemos encontrado un equilibrio entre la protección individual y la sostenibilidad colectiva".

La generación del baby boom entra en escena

Entre 2025 y 2040, la generación más numerosa de la historia de España, el baby boom, alcanzará la edad de jubilación. Se trata de millones de personas que, de forma progresiva, pasarán a ser pensionistas.

La magnitud del cambio es tan grande, que cualquier desviación o desequilibrio puede poner en riesgo el pago de millones de pensiones.

Por eso, cada medida que se toma hoy busca evitar un colapso mañana. No es un tema político, sino matemático. Y es que el gasto en pensiones representa ya más del 12% del PIB español. Si no se aplican ajustes, esa cifra puede ser insostenible a medio plazo.

Reformas graduales para un futuro más seguro

La decisión de mantener los recortes se enmarca dentro de una serie de reformas progresivas:

• La edad legal de jubilación sigue aumentando, año a año, hasta alcanzar los 67 años en 2027, salvo que se haya cotizado más de 38 años y 6 meses (en cuyo caso se mantiene en 65 años).
• A partir de 2026, el cálculo de la pensión se hará sobre los últimos 29 años trabajados, permitiendo excluir los dos peores. Esto mejora la pensión de quienes hayan tenido baches en su trayectoria laboral.
• Se incentiva la jubilación demorada, premiando a quienes decidan seguir trabajando más allá de la edad legal con aumentos en su pensión.

Estas reformas buscan prolongar la vida laboral activa, aumentar las cotizaciones y repartir mejor la carga financiera del sistema.

No es una cuestión de justicia individual, sino de equidad colectiva

Muchos trabajadores sienten que, después de cotizar 40 años o más, deberían tener derecho a jubilarse antes sin penalización. Y desde una perspectiva individual, no parece injusto.

Pero el reto está en que no todos los trabajadores tienen trayectorias largas y estables, ni sueldos altos ni carreras completas. El sistema debe ser solidario, y eso implica mantener unas reglas comunes que garanticen la equidad para todos los perfiles.

De hecho, existen excepciones para colectivos especialmente vulnerables o con trabajos penosos: ciertos profesionales pueden jubilarse antes sin penalización. El sistema reconoce los casos particulares, pero no puede abrir la puerta general a miles de anticipaciones sin comprometer el equilibrio.

España no está sola

Este no es un problema exclusivo de nuestro país. Toda Europa enfrenta el mismo desafío demográfico, y cada nación ha tomado medidas similares:

• En Alemania, la edad de jubilación aumentará hasta los 67 años en 2031.
• En Francia, tras intensas protestas sociales, se aprobó el aumento de la edad de retiro de 62 a 64 años.
• En Italia, se aplican recortes importantes a las pensiones anticipadas desde hace años.

En este contexto, España se está moviendo en la misma dirección que el resto del continente, buscando fórmulas de equilibrio ante el envejecimiento imparable de su población.

¿Una medida dura?

Nadie quiere ver recortada su pensión después de haber trabajado toda una vida. Pero si no se ajustan ahora los mecanismos del sistema, dentro de unos años podría no haber recursos suficientes para pagar todas las pensiones.

En vez de entender los recortes como un castigo, es importante verlos como un sistema de incentivos que equilibra la libertad individual con la sostenibilidad social.

Quien decide jubilarse antes, lo hace con la tranquilidad de que su pensión estará asegurada, aunque reciba un poco menos. Y, quien decide esperar, será premiado con una pensión mayor. Así se mantiene el equilibrio.

El sistema se protege para seguir cumpliendo

España no está castigando a quienes se jubilan antes. Está protegiendo a todos los jubilados, presentes y futuros.

Puede que no sea una medida popular. Puede que incluso duela. Pero en momentos de tensión económica y cambio demográfico, la responsabilidad política consiste en tomar decisiones difíciles hoy para evitar crisis mañana.

No se trata de lo que es cómodo. Se trata de lo que es necesario. Y, quizás ahí está la clave: pensar en el colectivo, más allá del individuo. Porque cuando se trata de un sistema público de pensiones, o lo salvamos entre todos, o lo perdemos para siempre.